Ante una insensatez

Rebajas improcedentes
La decisión del gobierno de quitarle el 20% a todos los ministerios, incluidos Salud y Educación es otra demostración de que a nuestros gobernantes no les importan para nada la situación de la gente, y que sus prioridades son otras.

Esta insensatez demuestra una vez más que las prioridades de quienes tienen la sartén con todo y el mango (incluida la semilla) no son para nada las necesidades de la población.
Que además de hacerse rico, su principal interés es estar frío con sus amos: los organismos financieros internacionales y los Estados Unidos, porque –a su juicio- basta con esto para garantizar la “gobernabilidad democrática”, mantener el statu quo y seguir en lo mismo de siempre.

El rechazo casi unánime de empresarios, grupos de la sociedad civil, la ADP, el cardenal, la parte no muda de la izquierda, los perredeístas y hasta algunos legisladores peledeístas, ha hecho que las autoridades aclaren que a Educación no se le descontará el 20% de su asignación presupuestaria, que este año alcanza los 37 mil millones de pesos, es decir menos del 2% del Producto Interno Bruto, pese a que la Ley establece un mínimo de 4%.
Gracias a la oposición de la opinión pública, es posible que el gobierno eche para atrás en cuanto a Educación. Pero, y en el caso de Salud Pública?

Cómo es posible que en lugar de eficientizar los cobros de las distribuidoras, evitando como denunció el propio Marranzini que apartamentos de ciertas torres de lujo paguen menos que una casa en Cristo Rey, al gobierno se le ocurra quitarle la quinta parte de lo asignado a Salud Pública, a sabiendas de las precarias condiciones en que están los hospitales?
Por qué no le rebajan el 20% a los funcionarios que ganan un bojote de pesos, por qué no reducen los gastos de representación, el exorbitante gasto en publicidad y asesores en comunicación, el gasto en combustible de funcionarios que sólo saben montarse en yipetas de alto consumo?
Por qué no reducir el gasto militar?

Además de inconstitucional e insensato, esta decisión es un abuso de poder de parte de la administración del Presidente Leonel Fernández, y una muestra de incapacidad para gobernar en beneficio de la mayoría de los dominicanos.

¿O es acaso una cortina de humo para que la opinión pública se distraiga en este debate y olvide los escándalos de corrupción y los vínculos de funcionarios civiles y militares en asuntos de narcotráfico internacional?

Y usted, qué cree?